La democracia como forma de gobierno se legitima en su conformación por el reconocimiento y garantía de los derechos políticos y las libertades fundamentales -libertad de opinión, libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de participación- de todos los ciudadanos, para manifestar su voluntad de forma libre, mediante la celebración de elecciones limpias, transparentes y regulares. Pero asegura su existencia, mediante una estructura jurídico política fundamentada en el principio de legalidad y en el mecanismo de separación funcional de los poderes públicos. Esto permite que el ordenamiento jurídico incorpore los derechos de todos, y que se limite y controle al poder en defensa de la libertad.¹ Lo cual obliga, a los órganos del poder público, pero también al poder económico a una forma de actuación orientada a la preservación de los derechos individuales, al compromiso y solidaridad con los otros, a la tolerancia y a la conservación del entorno.
De ello se deriva la vinculación inescindible de la democracia con el Estado de Derecho; el cual se caracteriza por poseer: a) un orden jurídico sustentado en la ley como expresión de la voluntad mayoritaria y diseñado para garantizar el ejercicio de los derechos y libertades individuales y sociales; b) un sistema institucional limitado y controlado por las leyes para el despliegue vital de los individuos; y c) un modelo de delimitación de las competencias y separación funcional y territorial de los poderes públicos.
En resumen, la democracia para realizarse requiere de la efectividad del Estado de Derecho, de forma que se pueda garantizar, en primer lugar, la conformación libre de la voluntad mayoritaria; y, en segundo lugar, el aseguramiento como mínimo de algunos derechos sociales como condición de la libertad y la autonomía, principalmente el derecho a la educación y el derecho a la subsistencia.²
El Estado Social de Derecho se caracteriza por la obligación del gobierno de intervenir y de actuar para corregir las desigualdades y carencias sociales, así como la imposición a todos los ciudadanos, aunque en grados variables, de la responsabilidad y solidaridad para la construcción a del orden social y económico.³
El propósito es que los individuos puedan desarrollar los recursos, habilidades y aptitudes para poder usarlos en las circunstancias y condiciones sociales, políticas y económicas que impone el contexto en que se desenvuelven, con el fin de alcanzar una vida plena acorde con el principio de igual consideración y respeto para todas las personas.⁴
Eso demanda el diseño e implementación de política públicas de bienestar para impulsar o promover el disfrute de las condiciones materiales, tales como trabajo, vivienda y servicios, ingreso, y capacidad de consumo; calidad de vida medida por el acceso a la salud, la educación, seguridad, y medio ambiente de calidad, que sea todo ello valorado positivamente por los propios individuos.
La propuesta de desarrollo sostenible contenida en el documento Nuestro futuro común (o Informe Brundtland) aprobado por la Asamblea General de la ONU, en 1987, formuló el cambio de “las estrategias aplicadas hasta el momento, tanto en materia de políticas de desarrollo, como ambientales… Si intentamos mantener la estabilidad social y ecológica por medio de las viejas estrategias de desarrollo y de protección ambiental, la inestabilidad aumentará”.⁵
En el informe se propuso que el desarrollo sostenible se ajustaba a un modelo de gobierno democrático en el que se destaca la participación ciudadana y un sistema de decisiones más democráticos a nivel global.
La atención de las necesidades básicas requiere no sólo de una nueva era de crecimiento económico para las naciones cuya mayoría de población es pobre, como garantía de que esos pobres recibirán una parte justa de los recursos necesarios para mantener ese crecimiento. Tal equidad sería facilitada por sistemas políticos que asegurasen la participación efectiva de los ciudadanos en la toma de decisiones y por procesos más democráticos en la toma de decisiones en el ámbito internacional. ⁶
La estrategia del desarrollo sostenible implica la comprensión interrelacionada entre democracia y bienestar humano. Pues el ejercicio de los derechos y libertades políticas para elegir a los gobernantes “serían solo privilegios de algunos, si no estuvieran garantizados para todos, por ejemplo, el derecho social a la educación pública y gratuita y el derecho a la subsistencia, es decir, a gozar de condiciones materiales que vuelvan a los individuos en seres libres”.⁷
El modelo de desarrollo económico sostenible mide su efectividad por la capacidad que tiene para mejorar significativamente el bienestar de las personas y del orden social sin rebasar la carga soportable de los ecosistemas.
El objetivo básico del modelo económico es el de conformar un ambiente en el cual las personas pueden desarrollar una vida prolongada, saludable y creativa. Como señala Leal⁸ las políticas públicas para impulsar el desarrollo sustentable deben procurar la superación de la pobreza, garantizando el mantenimiento del medioambiente, mediante el crecimiento económico.
Sin embargo, la relación que propone este modelo entre el desarrollo económico, la ecología y el bienestar social no es pacífica, por el contario algunos enfoques del desarrollo sostenible privilegian el medioambiente natural y la ecología, y otros modelos se enfocan en los problemas del bienestar humano. Ambas posiciones consideran las tres dimensiones del modelo, pero le asignan diferentes jerarquías y modos de funcionamiento. ⁹
Los resultados a nivel global han puesto en cuestionamiento los supuestos para la eficacia del modelo de desarrollo sustentable. Desde el punto de vista de la participación política, considerado como un elemento integrador del modelo, hay evidencias de cierta sobrevaloración de las virtudes cívicas del hombre contemporáneo y también de sus posibilidades reales de involucramiento y participación activa”¹⁰ . En ese sentido, el Informe Sobre desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) reporta que el 68% de la población mundial afirma “que tiene poca influencia en las decisiones de sus gobiernos.”¹¹
Desde el punto de vista del crecimiento económico hay evidencias, que este no es suficiente para superar las desigualdades y el malestar social, pues definitivamente “la desigualdad económica limita, ella misma, las posibilidades y capacidades de participación”¹², en la medida en que “…el discurso cívico integrador de las instituciones democráticas pierde credibilidad ante la evidencia cotidiana de la fragmentación y la exclusión social.”¹³
El desarrollo sustentable se propuso como una estrategia para abordar el complejo asunto de hacer interconexiones correctas entre bienestar, medioambiente y modelo económico. Sin embargo, su implementación enfrenta obstáculos técnicos, económicos y políticos que están lejos de resolverse.
Entre ellos destacan la falta de consenso y cooperación global entre países pobres y ricos; las desigualdades económicas y sociales, y la presión sobre los recursos naturales. Estos factores no solo limitan el progreso hacia un futuro más sostenible, sino que también exigen nuevos lenguajes y nuevas propuestas innovadoras y adaptativas; lo aprendido hasta ahora ha demostrado que el desarrollo sustentable no puede lograrse sin una transformación profunda de nuestros sistemas económicos, políticos y culturales.
Las propuestas de la Ecología Integral, presentada en la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, o la Constitución de la Tierra de Luigi Ferrajoli, ofrecen marcos conceptuales y prácticos para seguir pensando sobre las posibilidades de un futuro más justo y sostenible, en el que el respeto por la naturaleza y la dignidad humana prevalezcan y porque no, una propuesta de desarrollo a escala humana.
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[¹] GREPPI A., Derechos Políticos, Constitucionalismo y separación de poderes, ARBOR Ciencia, Pensamiento y Cultura CLXXXVI 745 septiembre-octubre 2010, pp. 809-820, pág. 812
[²] ANDRADE M A., Democracia participativa y representación popular en Venezuela:(1999-2011). 2013
[³] TAJADURA TEJADA J., El principio de solidaridad como fundamento común de los Estados Sociales europeos, Universidad del País Vasco, mimeo 2013
[⁴] NUSSBAUM, M. C., Crear capacidades: Propuesta para el desarrollo humano. 2a Edición Paidós, Barcelona 2012, pág. 84
[⁵] PIERRI N., Historia del concepto de desarrollo sustentable. http://visitas.reduaz.mx/coleccion_desarrollo_migracion/sustentabilidad/Sustentabilidad5.pdf
[⁶] COMISION MUNDIAL DE AMBIENTE Y DESARROLLO, Nuestro futuro común, Naciones Unidas 1987
[⁷] BOVERO M., La democracia y sus condiciones, Revista de la Facultad de Derecho de México, Nro. 253 2010, pp. 11-30
[⁸] LEAL G., Debate sobre la sostenibilidad. Desarrollo conceptual y metodológico de una propuesta de desarrollo urbano para la ciudad-región Bogotá en clave de ciudad Latinoamericana. Alcaldía Mayor de Bogotá
[⁹] TOCA TORRES C. E., Las versiones del desarrollo sostenible, Sociedade e Cultura, Goiânia, v. 14, n. 1, p. 195-204, jan./jun. 2011.
[¹⁰] MÁIZ R., Deliberación e inclusión en la democracia Republicana, Reis 113/06, pp. 11-47, pág. 25ogotá. Colombia. 13 p. 2016
[¹¹] Informe Sobre Desarrollo humano 2023/2024. Salir del estancamiento Una instantánea del Informe sobre Desarrollo Humano 2023/2024 https://foroalc2030.cepal.org/2024/sites/foro2024/files/hdr2023-24snapshotsp.pdf
[¹²] PIERRI N., Historia del concepto de desarrollo sustentable
[¹³] VILAS C. M., Desigualdad social y procesos políticos: una perspectiva interdisciplinaria, Cuyo. Anuario de Filosofía Argentina y americana, nº 24, año 2007, pp. 9-33, pág.20
